LA ADMINISTRACION DE TERRENOS DE
PUERTO RICO
Ley Núm. 13
Aprobada en 16 de mayo de 1962
LEY
Para crear la Administración de Terrenos de
Puerto Rico; disponer lo necesario para sus facultades y deberes; y asignar
fondos para llevar a cabo los propósitos de esta ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por la presente de declara:
Que el Estado Libre Asociado de Puerto rico
es una de las áreas de mayor densidad poblacional en el mundo; que terrenos urbanos
o con potencialidades para desarrollo urbano son acaparados y dejados sin uso
por sus dueños, lo cual crea una escasez artificial de tierra y aumenta el
precio de los terrenos a un ritmo mayor que el aumento de precios de otros
bienes y artículos de primera necesidad; que el rápido aumento en el precio de
terrenos imposibilita que las personas de escasos o medianos recursos compren
terrenos en áreas adecuadas y obliga a estas personas a construir sus hogares
fuera de las áreas inmediatas a las poblaciones y lejos de sus lugares de
trabajos y sitios donde llevan a cabo sus demás actividades; que el aumento en
los precios de los terrenos crea expansiones urbanas indeseables, lo cual, a su
vez, crea serios problemas financieros al Estado Libre Asociado y a los
gobiernos municipales porque los costos de proveer los servicios públicos,
tales como carreteras, agua,. Alcantarillado, parques públicos, salud pública,
prevención y extinción de fuegos, vigilancia policíaca y otras actividades de
protección de vida y propiedad, tan esenciales para el desarrollo de la
comunidad, aumentan varias veces; que el aumento en los precios de los terrenos
aumenta el costo fijo de las empresas industriales y comerciales y, por tanto,
hace que sus productos queden en desventaja en la competencia en el comercio,
tanto local como fuera de Puerto Rico; que el relativamente rápido aumento en
el precio de los terrenos aumenta las desigualdades en los ingresos porque las
tierras, tanto urbanas como rurales, sin uso en Puerto Rico, están controladas,
en gran parte, por un pequeño número de personas;
Que el aumento contínuo en el precio de los
terrenos no puede ser controlado, ni los problemas que ello crea pueden ser
resueltos, por los instrumentos con que cuentan los gobiernos del Estado Libre
Asociado y de los municipios; que la imposición de contribuciones y los
reglamentos de planificación física resultan insuficientes; que la
reglamentación sobre subdivisión y zonificación opera prospectivamente para
áreas no desarrolladas y subdesarrolladas y no pueden eliminar los usos legales
no conformes de los terrenos; y que la reglamentación sobre subdivisión de
terrenos no es suficiente ni para controlar la expansión de los límites de las
ciudades ni para controlar expansiones desarticuladas e inadecuadas de las
ciudades;
Que el aumento en el precio de los terrenos
además afecta o impide la implementación de los planos reguladores y es un
elemento de preocupación para el conglomerado público y constituye un grave
problema, para controlar el cual puede darse la máxima utilización a los fondos
públicos disponibles, autorizándose, cuando fuere necesario, la obtención de
propiedad privada.
Que en el interés público debe evitarse lo
antes posible el desmedido y desproporcionar aumento en el precio de las
tierras en el mercado.
Se declara, como cuestión de determinación
legislativa, la deseabilidad de que se aprueben las disposiciones de esta ley
como una necesidad de política pública; se declara, asimismo, que la reserva de
terrenos que en esta ley se autoriza constituye un fin público de por sí.
Es la intención de la Asamblea Legislativa
que las actividades de la Administración que se crea por esta ley promuevan, en
forma planificada y eficiente, el bienestar, la libertad económica y la
justicia social de los actuales y futuros habitantes de Puerto Rico, mediante
el uso eficiente de los terrenos y la habilitación de nuevas áreas de cualquier
parte de Puerto Rico, para asegurar el mejor equilibrio en cuanto a las
necesidades de las futuras comunidades, en armonía con el medio económico y
geográfico; preserven los valores históricos y los valores naturales de la
tierra, las playas, bosques y paisajes; aseguren las mejores condiciones de
salubridad, seguridad y comunidad, mayores facilidades recreativas y mayores y
mejores servicios esenciales; eviten la concentración de terrenos, para fines
especulativos, en manos de cualquier persona y desarrollen programas para la
adquisición de los terrenos necesarios y para encauzar todo tipo de proyecto,
por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos o con entidades
privadas; promuevan aquella acción encaminada a la mejor utilización y
aprovechamiento de los terrenos a base de costos más razonables en beneficio
del bienestar de la comunidad, especialmente en las poblaciones y en las zonas
de potencial desarrollo urbano, creando reservas adecuadas de terreno para
ayudar en esta forma al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar su
política pública de desarrollo industrial, comercial y de hogares, a proveer
servicios públicos de modo que haya un desarrollo ordenado en armonía con los
planos reguladores, y a llevar a cabo más efectivamente su responsabilidad
gubernamental de mantener la salud, la seguridad y el bienestar de los
habitantes de Puerto Rico en el nivel más alto compatible con los recursos de
la comunidad. Asimismo, es la intención de la Asamblea Legislativa que la
Administración que se crea ejerza todos los poderes y derechos necesarios; para
llevar a cabo todas sus actividades; p ara adquirir cualquier derecho, interés
o servidumbre en cualquier propiedad que propicie el desarrollo,
aprovechamiento y conservación de áreas abiertas en su estado natural, para proteger
los cuerpos de agua, conservar los suelos y bosques, preservar la belleza de
los parajes destinados a uso del público, proteger al público de los efectos de
las inundaciones y facilitar el uso y desarrollo de áreas reservadas para
proyectos de interés público, especialmente aquellos relacionados con la salud,
la seguridad y el bienestar de los habitantes, para disponer de la parte que
sea necesaria de su propiedad inmueble, estableciendo, al así hacerlo, las
condiciones o limitaciones, en cuanto a su uso y aprovechamiento, que considere
necesarias o convenientes; para asegurar el cumplimiento de los propósitos de
esta Ley y para evitar que el destino que se le dé a dicha propiedad pueda
facilitar o propender a crear o mantener condiciones indeseables o adversas al
interés público; para imponer aquellas restricciones, cuando venda o de
cualquier otro modo disponga de su propiedad, que limiten las ganancias que, en
el precio a pagarse por el público, habrá de tener el adquirente respecto del
terreno; y para desarrollar proyectos de rehabilitación de terrenos, mediante
desecacion, desague, relleno, regadío o cualquier otro método adecuado para
aumentar la utilización de terrenos.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico:
Artículo 1. - Esta ley podrá citarse con el nombre de "Ley
de la Administracion de Terrenos de Puerto Rico".
Artículo 2. - Los siguientes términos, dondequiera que aparezcan
usados en esta ley, tendrán el significado que a continuación se expresa,
excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:
1.
"Administración"
significa la Administración de Terrenos de Puerto Rico.
- "Junta" significa la Junta de Gobierno
de la Administración.
- "Bonos" significa bonos, pagarés u
otras obligaciones o comprobantes de deudas.
- "Agencia" significa rama, departamento,
negociado, comisión, Junta, oficina, dependencia, instrumentalidad,
corporación pública, subdivisión política o cualquier otro organismo
gubernamental.
- "Estados Unidos" incluye el Gobierno
Federal y sus agencias, territorios, posesiones, subdivisiones políticas y
los estados de la Unión y las agencias de éstos.
Artïculo 3.. –
a.
Por la presente se crea
un cuerpo corporativo y político que constituirá una corporación pública o
instrumentalidad gubernamental con personalidad jurídica propia,
independientemente de la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se
conocerá como Administración de Terrenos de Puerto Rico.
- Los poderes de la Administración se ejercerán y
su política general se determinará por una Junta de Gobierno, compuesta
por el Gobernador de Puerto Rico, quien será su Presidente, el Presidente
de la Junta de Planificación de Puerto Rico, quien será su
Vicepresidente, los Secretarios de Hacienda, de Transportación y Obras
Públicas, de Agricultura y de Vivienda, el Administrador de Fomento
Económico y cuatro (4) miembros adicionales que serán nombrados por el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de
cuatro (4) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen
posesión.
Dos de dichos miembros
deberán ser personas que hayan estado relacionados con el Proyecto del Nuevo
Centro de San Juan establecido por la Ley Núm. 81 de 23 de junio de 1971,
enmendada, y que estén capacitadas profesionalmente para que con su gestión
aporten, entre otras cosas, el esfuerzo que se le asigna a la Administración de
Terrenos de dar continuidad al desarrollo de dicho proyecto por virtud de la
ley que le transfiere el mismo.
Los miembros de la
Junta que no sean funcionarios públicos, recibirán la cantidad de cincuenta
(50) dólares, por concepto de dieta por cada día de reunión a que asistan o en
que presten sus servicios como tales. Disponiéndose que esta compensación se
pagará de los ingresos propios de la Administración.
Artículo 4 El Director Ejecutivo de la Administración será
nombrado por la Junta, ejercerá su cargo a voluntad de la autoridad nominadora
y hasta que se designe y tome posesión de su cargo su sucesor, y desempeñará
los deberes y tendrá las responsabilidades que le sean asignadas por la autoridad
nominadora, de acuerdo con los reglamentos de la Administración. Los
reglamentos de la Administración podrán disponer que se delegue en el Director
Ejecutivo aquellos poderes y deberes de la Administración que la Junta estime
propio delegar.
Artícuo 5 La administración tendrá un secretario, quien será
nombrado por la Junta. El Secretario desempeñará el cargo a voluntad de la
autoridad nominadora y hasta que se designe y tome posesión de su cargo su
sucesor.
Artículo 6 Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas,
pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, impresos y propiedades de la
Administración son de ésta y no del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de
cualquier agencia, funcionario o empleado de éste.
Artículo 7. Derechos y Poderes. - La Administración tendrá
personalidad jurídica propia y podrá ejercer todos los derechos y poderes que
sean necesarios o convenientes para llevar a cabo los propósitos de esta ley,
incluyendo, sin que se entienda como una limitación a dichos poderes, los siguientes:
a.
Tener sucesión perpetua;
- Aprobar, enmendar o derogar reglamentos para su
funcionamiento interno;
- Nombrar todos sus funcionarios, agentes o
empleados y conferirles los poderes, facultades, responsabilidad y la
autoridad que estime propios; imponerles sus deberes; fijarles,
cambiarles y pagarles la remuneración que determine, sujeto a la
política, reglamentos y procedimientos aprobados por la Junta. La
reglamentación de todos los asuntos de personal de la Administración se
efectuará sin sujeción a las leyes que rigen la Oficina de Personal del
Gobierno de Puerto Rico ni a las reglas y reglamentos promulgados por
dicha Oficina;
- Adoptar, alterar y usar un sello, del cual se
tomará conocimiento judicial;
- Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y
reglamentos para regir las normas de su actividad en general; y ejercer y
desempeñar los poderes y deberes que por ley se le conceden. Una vez
aprobados y promulgados dichas reglas y reglamentos por la Junta, los
mismos tendrán fuerza de ley al radicarse en español y en inglés en las
oficinas del Secretario de Estado. Dichas reglas y reglamentos se
publicarán en el Boletín del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y no
más tarde de diez (10) días de haber sido archivados en las oficinas del
Secretario de Estado, se publicarán en un periódico de circulación
general.
- Demandar y ser demandada;
- Establecer el sistema de contabilidad que se
requiera para el adecuado control de todos los gastos e ingresos
pertenecientes o administrados por ella, en consulta con el Secretario de
Hacienda;
- Tener plenos poderes para realizar la política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según queda aquí
establecida;
- Hacer contratos y formalizar toda clase de
instrumentos que fueren necesarios o convenientes para el ejercicio de
cualquiera de sus poderes o todos ellos;
- Adquirir bienes en cualquier forma legal,
incluyendo, pero sin limitarse a, lo siguiente: por compra, opción de
compra, compra a plazos, pública subasta, arrendamiento, manda, legado,
cesión, permuta, donación o mediante el ejercicio del poder de
expropiación forzosa en la forma que provee esta ley y las leyes de
Puerto Rico; y retener, conservar, usar y servirse de o utilizar
cualesquiera bienes inmuebles o muebles, incluyendo, sin que se entienda
una limitación, valores y otros bienes muebles o cualquier interés en los
mismos, que considere necesarios o convenientes para realizar sus fines;
- Vender, dar opciones de venta, vender a plazos,
traspasar, permutar, dar en arrendamiento o de cualquier otro modo
disponer de sus bienes en el curso de sus operaciones normales, excepto
por donación, la que sólo podrá efectuar en favor del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y sus agencias. No se considerará como donación
ninguna disposición de propiedad, o de cualquier derecho o interés sobre
la misma, que para lograr los propósitos de esta ley, haga la
Administración a un precio inferior al que pagó por ella, o inferior al
valor de tal propiedad o derecho o interés en el mercado.
- Vender o de otro modo disponer de cualquier
propiedad mueble o inmueble que a su juicio no sea ya necesaria para
cumplir los propósitos de esta ley, sujeto a la misma limitación que le
impone el párrafo anterior.
- Tomar dinero a préstamo, dar garantías, emitir
bonos para cualquiera de sus fines corporativos o con el propósito de
consolidar, restituir, pagar o liquidar cualesquiera bonos u obligaciones
en circulación, emitidos o asumidos por ella, y garantizar el pago de sus
bonos y de todas y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante la
pignoración, hipoteca, o cualquier otro gravamen sobre todos o
cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedades;
- Aceptar, a nombre propio o a nombre del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, ayuda económica de cualquier naturaleza,
incluyendo subsidios, donaciones, anticipos y otras similares, del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, y del Gobierno de los
Estados Unidos o sus agencias y de personas particulares; hacer
contratos, arrendamientos, convenios u otras transacciones con cualquiera
o cualesquiera de dichos Gobiernos o sus agencias e invertir el producto
de los fondos recibidos, para los fines de esta ley;
- Tener completo dominio e intervención sobre
todas y cada una de sus propiedades y actividades, incluyendo el poder de
determinar el carácter y la necesidad de todos sus gastos y el modo de
autorizarlos o pagarlos y de cómo en ellos habrá de incurrirse,
autorizarse o pagarse, sin tomar en consideración ninguna disposición de
ley que reglamente los gastos de fondos públicos, y tal determinación
será final y definitiva para todos los funcionarios y empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin perjuicio de lo que se dispone
en el artículo 10 de esta ley;
- Prescribir por reglamento las normas que regirán
todos los asuntos referentes al personal de la Administración. Dichas
normas, en tanto sean compatibles con la eficaz realización de los fines
de la Administración, serán análogas a las que gobiernan el personal del
Gobierno estatal;
- Adquirir por los modos provistos en esta ley la
propiedad privada para reservarla, a beneficio del pueblo de Puerto Rico,
para uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias. En todo
caso en que se expropien bienes o derechos para fines específicos de
desarrollo de obras públicas y beneficio social, los referidos fines
deberán llevarse a cabo dentro de un término de años que nunca podrá
exceder de quince, a partir de la fecha de adquisición. La propiedad así
adquirida podrá cederse o traspasarse al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico o sus agencias, bajo términos y condiciones razonables.
- Entrar, previo permiso de su dueño o poseedor, o
de sus representantes, en cualquier terreno o edificio, con el fin de
hacer estudios, mensuras o investigaciones relacionadas con la
naturaleza, condiciones y precio de dichos terrenos o edificios, a los
fines de esta ley. Si el dueño o poseedor, o sus representantes,
rehusaren dar su permiso para entrar a la propiedad, a los propósitos
expresados, cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia, al
presentársele una declaración jurada expresiva de la intención de la
Administración de entrar a dichos terrenos o edificios para los fines
indicados, deberá expedir una orden autorizando a cualquier o
cualesquiera funcionarios o empleados de la Administración a entrar en la
propiedad que se describa en la declaración jurada, a los fines indicados
en esta disposición.
- Adquirir propiedad inmueble, urbana o rural, la
cual podrá reservar para facilitar la continuación del desarrollo de los
programas de obras públicas y beneficio social y económico que se estén
llevando a cabo o puedan llevarse a cabo por la propia Administración,
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, así como por
personas particulares para beneficio de las mencionadas entidades
públicas o de la comunidad., incluyendo, pero sin que se entienda como
una limitación, programas de hogares y de fomento industrial, con el fin
de evitar la inflación que producen las prácticas de especulación en la
compraventa de bienes raíces y para permitir el crecimiento poblacional
en forma organizada y planificada;
- Estimular y participar en la habilitación de
nuevas áreas en cualquier parte de Puerto Rico, dentro del marco de
normas que aseguren el mejor equilibrio en cuanto a las necesidades de
las futuras comunidades, dando consideración, entre otros factores, a
preservar los valores naturales de las tierras, sus playas, bosques y
paisajes; asegurar las mejores condiciones de salubridad, seguridad,
comodidad, facilidades recreativas y para servicios esenciales, y
estética; preservar los valores históricos; y asegurar el aprovechamiento
de los terrenos a base de los costos más razonables en beneficio del
bienestar de la comunidad; a tal fin; sin que se entienda como una
limitación, desarrollar programas para la adquisición de los terrenos
necesarios y para encauzar todo tipo de proyectos que propicien tal
desarrollo, por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias
del Estado Libre Asociado o del Gobierno de los Estados Unidos o con
entidades privadas;
- Hacer permutas con el fin de mejorar la
utilización de los terrenos;
- Ejercer todos los poderes y derechos necesarios
para desarrollar proyectos de rehabilitación de terrenos, mediante
desecación, desagüe, relleno, regadío o cualquier otro método adecuado
para aumentar su utilización;
- Llevar a cabo por sí misma, o por conducto de o
conjuntamente con agencias del Estado Libre Asociado o del Gobierno de
los Estados Unidos o mediante convenios con personas o entidades particulares,
programas y obras, incluyendo proyectos de hogares, para asegurar el
desarrollo más efectivo y la más plena utilización, a la luz de los fines
de esta ley, de terrenos propiedad de la Administración o del Estado
Libre Asociado o de cualquiera de sus agencias;
- Adquirir cualquier derecho, interés o
servidumbre en cualquier propiedad para: propiciar el desarrollo,
aprovechamiento y conservación de áreas abiertas en su estado natural
para proteger los cuerpos de aguas; proteger al público de los efectos de
las inundaciones; conservar los suelos y bosques; preservar la belleza de
los parajes destinados a uso del público; incluyendo las áreas verdes y
los parques públicos; y facilitar el uso y desarrollo de áreas reservadas
para proyectos de interés público, especialmente los relacionados con la
salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes;
- Llevar a cabo convenios con el Estado Libre
Asociado y sus agencias para adquirir para éstos propiedad inmueble;
vender propiedad inmueble de éstos o intervenir en o hacer el desarrollo
de programas en cuanto a dicha propiedad, todo ello con sujeción a los
estatutos que fijan la gestión oficial de dichas agencias. A tales fines
se autoriza a las partes en estos convenios a hacer las transferencias de
fondos que sean necesarias;
- Establecer, al disponer de cualquier propiedad
inmueble, todas aquellas condiciones y limitaciones, en cuanto a su uso o
aprovechamiento, que considere necesarias y convenientes para asegurar el
cumplimiento de los propósitos de esta ley, de modo que el destino que se
le dé no facilite ni propenda a crear condiciones indeseables o adversas
al interés público que esta ley se propone proteger. Cuando la
Administración venda o de cualquier otro modo disponga de propiedad con
el propósito de que el adquirente la desarrolle en urbanizaciones o
cualquier otro tipo de proyecto que suponga una subsiguiente venta a
personas particulares, podrá acordar las restricciones que crea
necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta ley. En todo caso
deberá incluir una en la que, mediante una fórmula adecuada, se limiten
las ganancias que respecto del terreno y todo otro costo del proyecto
habrá de tener el adquirente.
- Transmitir, a perpetuidad o por tiempo limitado,
a urbanizadores, para el desarrollo de viviendas, y a otras personas,
para realizar cualquier obra de interés social, cualquier derecho, real o
personal, o cualquier interés en los terrenos que posea; y
- Vender, cuando así lo estime necesario y
conveniente, terrenos o cualquier interés que tenga en éstos, al precio
que considere razonable para abaratar el costo de la vivienda o efectuar
cualquiera de los propósitos de esta ley.
Artículoo 8. La Administración podrá, con sujeción a los
reglamentos aplicables de la Junta de Planificación, dividir las tierras,
adquiridas por cualquiera de los medios que le autoriza la ley, de acuerdo con
la topografía del terreno, su fertilidad, las condiciones locales y las normas
deseables para disponer el mejor desarrollo o utilización de dichas tierras en
beneficio de la comunidad puertorriqueña y efectuar así los propósitos de esta
ley. El tamaño y el valor de dichas tierras se determinará por la
Administración a base de las necesidades existentes en la zona, urbana o rural,
donde se vaya a poner en práctica un programa u obra pública o actividad
encaminada a la mejor utilización de dichas tierras. La Administración
promulgará la reglamentación necesaria para cumplir los propósitos de este
artículo.
Articulo 9. Todos los dineros de la Administración, incluyendo el
producido de la venta de sus bonos, se depositarán en depositarios reconocidos
para los fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrán en
cuenta o cuentas separadas e inscritas a nombre de la Administración. Los
desembolsos se harán por la Administración de acuerdo con sus propios
reglamentos y presupuestos.
Artículo 10. El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico examinará, cada vez que lo crea necesario pero nunca menos de una vez al
año, todas las cuentas y libros de la Administración e informará el resultado
de su examen a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y a cualquier otro
funcionario público, según él lo crea propio. Nada de lo dispuesto en esta ley
deberá interpretarse como una limitación de las facultades del Contralor de
Puerto Rico.
Artículo 11. Las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado
quedan por la presente autorizadas para ceder y traspasar a la Administración a
solicitud de ésta, y bajo términos y condiciones razonables que acuerden, sin
necesidad de subasta pública u otras formalidades de ley adicionales al
otorgamiento de la correspondiente escritura, cualquier propiedad o interés
sobre la misma, incluyendo bienes ya dedicados a uso público, que la
Administración crea necesario o conveniente poseer para realizar sus propios
fines.
El Secretario de Obras Públicas, libre de
costo alguno, podrá transferir a la Administración, con la aprobación del
Gobernador, los terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dicha
Administración necesite para llevar a cabo sus fines. Esta disposición no se
interpretará en el sentido de autorizar la cesión o traspaso de propiedad
destinada específicamente a otros fines por disposición legislativa.
Artículo 12. A solicitud de la Administración, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico podrá adquirir por compra, expropiación forzosa, o por
cualquier otro medio legal, para uso y beneficio de la Administración, en la
forma que se provee en esta ley y las leyes estatales sobre expropiación
forzosa, el título de cualquier propiedad inmueble o interés sobre la misma que
fuere necesaria o conveniente para sus fines. La Administración deberá
anticipar los fondos necesarios que sean estimados como el valor de los bienes
o derechos que se vayan a adquirir. Cualquier diferencia en valor que pueda
decretar el tribunal competente podrá ser pagada por el Tesoro Público pero la
Administración vendrá obligada a reembolsarle tal diferencia. Una vez hecha la
totalidad del reembolso, el título de la propiedad en cuestión se transferirá a
la Administración por orden del tribunal de que se trate, mediante constancia
al efecto. En aquellos casos en que el Gobernador del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico estime necesario y conveniente que el título sobre los bienes o
derechos así adquiridos deba ser inscrito directamente a favor de la
Administración, para acelerar el cumplimiento de los fines y propósitos para
los cuales fue creada, podrá así solicitarlo al tribunal, en cualquier momento
dentro del procedimiento de expropiación forzosa, y éste así lo ordenará. La
facultad que por la presente se confiere al Gobernador no limitará ni
restringirá la autoridad de la Administración para instar ella misma el
procedimiento de expropiación forzosa, cuando así lo creyere conveniente.
Artículo 13.Se declaran de utilidad pública todos los bienes
muebles o inmuebles o interés en los mismos, necesarios para llevar a cabo los
fines de esta ley, así como toda obra o proyecto que lleve a cabo la
Administración, y dichos bienes muebles e inmuebles o cualquier derecho o
interés en los mismos, podrán ser expropiados sin la previa declaración de
utilidad pública que dispone la Ley General de Expropiación Forzosa, ya fuere
el procedimiento de expropiación forzosa instado por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, ya por la Administración directamente.
Artículo 14.
a.
En cualquier
procedimiento establado o que se entable por o a nombre de la Administración
para la adquisición de terrenos a los fines especificados en esta ley, la
Administración podrá radicar, dentro de la misma causa, al tiempo de radicar la
demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una declaración para
la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de expropiación,
firmada dicha declaración por la persona o entidad autorizada por ley para la
expropiación correspondiente, declarando que se pretende adquirir dicha
propiedad para uso de la Administración. Dicha declaración sobre adquisición y
entrega material deberá contener y estar acompañada de: (1) una relación de la
autoridad bajo el cual se pretende adquirir la propiedad y el uso público para
el cual se pretende adquirirla; (2) una descripción de la propiedad, que sea
suficiente para identificarla; (3) una relación del título o interés que se
pretende adquirir de la propiedad para los fines de utilidad especificados en
esta ley; (4) un plano, en caso de propiedad que pueda ser así representada;
(5) una relación de la suma de dinero estimada por la Administración como justa
compensación de la propiedad que se pretender adquirir.
- Al radicar dicha declaración de adquisición y
entrega y hacer el depósito en el Tribunal, para beneficio y uso de la
persona o personas naturales o jurídicas que tengan derecho a tal
depósito, que será equivalente a la cantidad estimada como compensación y
especificada en la declaración, el título absoluto de dominio de dicha
propiedad o cualquier derecho o interés en la misma, según quede
especificado en la declaración, quedará investido en la Administración o
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según fuere el caso, y tal
propiedad se considerará como expropiación y adquirida para el uso de la
Administración o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El derecho a
justa compensación por la propiedad quedará investido en la persona o
personas a quienes corresponda, y dicha compensación deberá determinarse
y adjudicarse en dicho procedimiento y decretarse por la sentencia que
recaiga en el mismo, debiendo la sentencia incluir, como parte de la
justa compensación concedida, intereses al 6% anual sobre la cantidad
finalmente concedida, como valor de la propiedad, a contar desde la fecha
de la adquisición hasta la fecha del pago. Los intereses no deberán
concederse sobre aquella parte de dicha cantidad que haya sido depositada
y pagada en la corte. Ninguna cantidad así depositada y pagada estará
sujeta a cargo por concepto alguno.
- A solicitud de las partes interesadas, el
Tribunal podrá ordenar que el dinero depositado en dicho Tribunal, o
cualquier parte del mismo, se pague inmediatamente como la justa
compensación o parte de ésta que se conceda en dicho procedimiento. Si la
compensación que finalmente se conceda en relación con dicha propiedad o
parte de ésta excediere la cantidad de dinero así recibida por cualquier
persona que tenga derecho a la misma, el Tribunal dictará sentencia
contra la Administración o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según
fuere el caso, por la cantidad de la deficiencia.
- Una vez radicada la petición de adquisición, el
Tribunal tendrá autoridad para fijar el término dentro del cual, y las
condiciones bajo las cuales, las personas naturales o jurídicas que estén
en posesión de la propiedad deberán entregar la posesión material al
peticionario. El Tribunal tendrá autoridad para dictar órdenes que fueren
justas y razonables en relación con los gravámenes, rentas,
contribuciones, seguros y otras cargas que pesen sobre la propiedad, si
algunas hubiere. Ningún recurso de apelación en una causa de esta
naturaleza, ni ninguna fianza o garantía que pudiere prestarse en el
mismo, podrá tener el efecto de evitar o demorar la adquisición por o
investidura del título de las propiedades en la Administración o el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según fuere el caos, y su entrega
material.
- En cualquier caso en que la Administración haya
adquirido el dominio y la posesión de cualquier terreno y de las
estructuras sitas en éste, durante el curso de un procedimiento de
expropiación forzosa antes de la sentencia final, y en que la
Administración quede obligada a pagar la cantidad que se le conceda
finalmente como compensación, la Administración tendrá la facultad de
destruir tales estructuras edificadas en dicho terreno.
- En el caso de expropiación forzosa de propiedad
para los fines de esta ley, la justa compensación deberá basarse en el
valor en el mercado de tal propiedad, sin tomar en consideración el
incremento en su valor por razón de haberse anunciado o conocerse
públicamente el proyecto de expropiación.
En la valoración a
efectuarse no se incluirá incremento alguno por razón de expectativa fundada y
razonable de que la propiedad a adquirirse por la Administración o por el
Estado Libre Asociado, u otra propiedad similar a la misma, o que se encontrare
dentro de la localidad en que estuviera aquella situada, se requiera o se haya
de requerir para uso público o beneficio social y fuere necesaria para algún
uso que tan sólo pudiera darle la Administración o el Estado Libre Asociado o
sus agencias con poderes para la expropiación de propiedad particular.
En el caso de expropiación
forzosa la justa compensación tampoco incluirá incremento alguno por razón de
mejoras públicas o inversiones que haya llevado a cabo en la localidad la
Administración o el Estado Libre Asociado o sus agencias, ni incluirá
incremento por razón de cualquier otra obra hecha por o a iniciativa de éstos,
para efectuar los propósitos de esta ley cuando el incremento sea el resultado
de planes o acuerdos de adquisición de terrenos, oficialmente adoptados, para
obras públicas o para los fines de esta ley.
- No tendrán aplicación, en relación con las
propiedades que adquiera la Administración, las disposiciones de la Ley
núm. 182, aprobada el 5 de mayo de 1949, ni las de la Ley núm. 441,
aprobada el 14 de mayo de 1947, según ha sido enmendada. En caso de venta
de propiedad inmueble adquirida por expropiación que haya dejado de tener
utilidad para los fines de esta ley o para los fines públicos del Estado
Libre Asociado o de cualquier de sus agencias, se dará preferencia a los
anteriores dueños de la propiedad expropiada, o en su defecto a los
herederos forzosos de éstos, sujeto a las condiciones que, para la
enajenación de dicha propiedad, establezca la Administración. En ningún
caso, sin embargo, tendrá la Administración la obligación de vender a su
antiguo dueño, o sus herederos, a un precio inferior que el del valor en
el mercado de la propiedad de que se trate, al momento de venderla la
Administración.
Cuando la
Administración determine que la propiedad adquirida, o parte de ella, ha dejado
de tener utilidad para los fines de esta ley o para los fines públicos del
Estados Libre Asociado o sus agencias, notificará a la persona o personas a
quienes expropió, o a sus herederos forzosos, de su derecho preferente a
readquirir tal propiedad. La notificación, indicando el precio y las
condiciones de la oferta de venta, se hará por correo certificado, si las
direcciones de los interesados fueran conocidas. Si fueren desconocidas, se le
notificará por edictos, los que se publicarán en un periódico de circulación
general en dos semanas consecutivas, una vez por semana. Si se publicare el
edicto, se presumirá, sujeto a prueba en contrario, que la dirección no era
conocida.
Transcurrido un
término de 30 días desde la notificación por correo o 40 días desde la publicación
del último edicto, los cuales términos serán improrrogables, la Administración
quedará en libertad de disponer de la propiedad como mejor convenga a los
intereses públicos.
Cuando la persona o
personas que tengan el derecho de preferencia acepten, dentro del término que
por este artículo se establece, el precio y condiciones de venta, será su
obligación enviar a la Administración el importe del valor de la propiedad, en
cheque certificado o moneda legal. Si no se cumpliera con los anteriores requisitos,
la aceptación de la preferencia no tendrá validez de clase alguna, y la
Administración tendrá el derecho de disponer de la propiedad en la forma que se
expresa en el párrafo anterior.
Articulo 15. Estarán exentos de pago de toda clase de derechos,
contribuciones, excepto sobre la propiedad, aranceles o impuestos estatales o
municipales, requeridos o que puedan requerirse por las leyes, los bienes que
sean propiedad de la Administración, y cualquier interés que ésta tenga en
cualesquiera bienes. Esta exención cubre el otorgamiento de toda clase de
documentos, la tramitación de procedimientos de cualquier naturaleza o la
expedición de certificaciones y las inscripciones en los registros de la
propiedad.
Artículo 16.
a.
Por autoridad del
Gobierno de Puerto Rico, que se otorga por la presente, la Administración podrá
emitir, de tiempo en tiempo, y vender sus propios bonos y tenerlos en
circulación;
- La Administración, mediante resolución o
resoluciones al efecto, determinará todo lo relacionado con la fecha;
plazos de vencimiento; tipo o tipos de interés; denominación o
denominaciones; series; forma; privilegios de inscripción o
conversaciones; medios del pago; sitio o sitios en que habrá de hacerse
el pago; términos de redención, con o sin prima; fecha en que podrán ser
declarados vencidos, aun antes de su vencimiento; reemplazo de bonos
mutilados, destruidos, robados o perdidos; y todas las demás condiciones
y estipulaciones que considere convenientes;
- Los bonos podrán venderse en venta pública o
privada, y por aquel precio o precios no menor del noventa y cinco por
ciento (95%) de su valor a la par, según la Junta determine; podrán
cambiar bonos convertibles por bonos de la Administración que estén en
circulación, de acuerdo con los términos que la Junta estime beneficiosos
a los mejores intereses de la Administración. Todos los bonos de la
Administración serán documentos negociables;
- Los bonos de la Administración que lleven la
firma de los funcionarios de ella, en el ejercicio de sus cargos en la
fecha de la firma de dichos bonos, serán válidos y constituirán
obligaciones ineludibles, aún cuando antes de la entrega y pago de ellos
cualquiera o todos los funcionarios de la Administración, cuyas firmas o
facsímiles de firmas aparezcan en aquellos, hayan cesado como tales
funcionarios de la administración;
- Podrán emitirse bonos provisionales o interinos,
recibos o certificados en la forma y con las disposiciones que se provean
en la resolución o resoluciones;
- Cualquier resolución o resoluciones autorizando bonos
pueden incluir disposiciones que serán parte del contrato con los
tenedores de los bonos: (1) en cuanto a la disposición del total de la
renta bruta o neta e ingresos presentes o futuros de la Administración,
incluyendo el comprometer todos o cualquier parte de los mismos para
garantizar el pago de los bonos; (2) en cuanto al compromiso de empeñar,
en todo o en parte, los ingresos, rentas o propiedades de la
Administración; (3) en cuanto a la separación de reservas para fondos de
amortización, reglamentación y disposición de los mismos; (4) en cuanto a
las limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de
la venta de cualquier emisión de bonos que se haga; (5) en cuanto a las
limitaciones relativas a la emisión de bonos adicionales; (6) en cuanto
al procedimiento por el cual puedan enmendarse o abrogarse los términos
de cualquier resolución autorizando bonos, o de cualquier otro contrato
con los tenedores de bonos; (7) en cuanto al montante de los bonos cuyos
tenedores deban dar su consentimiento al efecto, así como la orma en que
haya de darse dicho consentimiento al efecto, (8) en cuanto a los casos
de incumplimiento y los términos y condiciones por los cuales
cualesquiera o todos los bonos deban vencer o puedan declararse vencidos antes
de su vencimiento, y a los términos y condiciones por los cuales dicha
declaración y sus consecuencias puedan renunciarse; y (9) en cuanto a
otros actos o condiciones que puedan ser necesarios o convenientes para
garantizar los bonos o que tiendan a hacer los bonos más negociables;
- Ningún funcionario o empleado de la
Administración que otorgue los bonos será responsable personalmente de
los mismos;
- La Administración queda facultada para comprar
con cualesquiera fondos disponibles cualesquiera bonos en circulación
emitidos o asumidos por ella, a un precio no mayor del monto del
principal o del precio de redención de los mismos, más los intereses
acumulados;
- Los bonos de la Administración serán inversiones
legales y podrán aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso,
especial o público, y cuya inversión o depósito esté bajo la autoridad o
el dominio del Estado Libre Asociado de Puerto rico o de cualquiera de
sus funcionarios o empleados;
- Los bonos y demás obligaciones emitidas por la
Administración no constituyen una deuda del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ni de ninguna de sus agencias; ni serán los bonos ni demás
obligaciones pagaderos de otros fondos que no sean los de la
Administración;
- Los bonos emitidos por la Administración y las
rentas que de ellos se devenguen estarán exentos de contribuciones o
impuestos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de sus
agencias;
- El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se
compromete por la presente y acuerda con cualquiera de sus agencias, o
con cualquier agencia del Gobierno de los Estados Unidos o de un Estado
de la Unión, o con cualquier persona que suscriba o adquiera bonos u
otras obligaciones de la Administración, a no gravar, limitar ni
restringir los bienes, ingresos, rentas, derechos o poderes que por la
presente se confieren a la Administración, hasta tanto dichos bonos u
otras obligaciones, de cualquier fecha que sean, conjuntamente con los
intereses sobre los mismos, queden totalmente solventados y retirados; y
- Los bonistas, en adición a los derechos que
puedan tener, sujeto solamente a las restricciones que surjan del
contrato, tendrán el derecho de obligar a la Administración, sus
funcionarios, agentes o empleados, mediante mandamus, acción o
procedimiento en ley o en equidad, a cumplir todos y cada uno de los
términos, acuerdos o disposiciones contenidos en el contrato de la
Administración con o para beneficio de dichos bonistas, y a requerir que
se lleve a cabo cualquiera de los acuerdos o convenios de la Administración
o de los deberes que le impone esta ley. Podrán asimismo, mediante acción
o procedimiento en ley, impugnar cualquier acto ilegal por violación de
sus derechos por parte de la Administración.
Artículo 17.Las disposiciones de la Ley núm. 272 aprobada el 15 de
mayo de 1945, según ha sido enmendada o pueda ser enmendada, será aplicables a
la Administración.
Artículo 18. En los casos en que las disposiciones de esta ley
estén en pugna con las disposiciones de cualquiera otra ley de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, prevalecerán las disposiciones de ésta, y ninguna
otra ley aprobada posteriormente se interpretará como aplicable a la
Administración, a menos que así se disponga expresamente.
Artículo 19.No se expedirá ningún injunction para impedir la aplicación
de esta ley o cualquier parte de la misma.
Artículo 20.Si un tribunal declarara inconstitucional cualquiera
disposición de esta ley, dicho fallo no afectará el resto del estatuto.
Artículo 21 Se asigna a la Administración con cargo a fondos no
comprometidos en el Tesoro Estatal hasta la cantidad de veinte millones
(20,000,000) de dólares para llevar a cabo los propósitos de esta ley. De esta
cantidad, se asigna y se pone a la disposición de la Administración, con
efectividad el 1ro. de julio de 1962 la cantidad de siete millones (7,000,000)
de dólares, y los restantes trece millones (13,000,000) de dólares se asignarán
y se pondrán a la disposición de la Administración el 1ro. de julio de 1963.
Para los gastos iniciales de organización y operación de la Administración se
asigna, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad
adicional de doscientos mil (200,000) dólares.
Artículo 22. Se autoriza al Secretario de Hacienda a anticipar a
la Administración, de cualesquiera fondos disponibles en el Tesoro Estatal, las
cantidades necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta ley,
disponiéndose, que el Secretario de Hacienda recobrará las cantidades
anticipadas a partir del 1ro. de julio de 1962 con cargo a la asignación de siete
millones (7,000,000) de dólares provista en el Artículo 21 de esta ley.
Artículo 23 La Administración someterá a la Asamblea Legislativa
después de cerrarse cada año fiscal:
a.
Un informe de su estado
financiero;
- Un informe de las transacciones realizadas por
la Administración durante el año fiscal precedente;
- Un informe del estado y progreso de todas sus
actividades desde la creación de la Administración o desde la fecha del
último de estos informes.
- Un informe sobre arrendamientos de terreno,
nombre de los arrendatarios, canon de arrendamiento y uso de los mismos.
Artículo 24 Esta ley empezará a regir inmediatamente después de
su aprobación.
Aprobada en 16 de mayo de 1962.