Para establecer la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 y derogar la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según

enmendada, conocida como la "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974" y enmendar el Apartado (7) del Inciso (e) del

Artículo 5 y el Artículo 5A de la Ley Núm. 447 de 19 de junio de 1954, según enmendada.

(a) "Agente de la Policía" significa todo miembro de la Policía nombrado como tal, luego de aprobar el adiestramiento básico dispuesto por el Superintendente.

(b) "Cadete" significa todo miembro de la Policía que no haya cumplido el requisito de adiestramiento básico. El Superintendente garantizará mediante Reglamento el derecho de los miembros de la Fuerza a recibir los beneficios de clasificación que conlleva el adiestramiento, cuando por razones de servicio dichos miembros no pueden asistir a la Academia en la fecha más cercana a su reclutamiento.

(c) "Consejo Comunitario de Seguridad" significa el cuerpo integrado por ciudadanos voluntarios que conjuntamente con la Policía unen esfuerzos en la cruzada contra el crimen, para propiciar con sus servicios una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en la comunidad donde se desempeñan.

(d) "Gobernador" significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) "Junta" o "Junta de Evaluación" significa la Junta de Evaluación Médica de la Policía de Puerto Rico, creada en el Artículo 19 de esta Ley.

(f) "Miembro de la Policía" incluye únicamente al personal que directamente desempeña tareas encaminadas a la investigación criminal, mantener el orden público, proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, y demás deberes similares que se imponen o que en el futuro se impongan a la Policía de Puerto Rico.

(g) "Municipios" incluye los municipios de Puerto Rico y su capital, San Juan.

(h) "Oficiales" significa Coroneles, Tenientes Coroneles, Comandantes, Inspectores, Capitanes y Tenientes.

(i) "Personal Civil" significa todo aquel empleado reclutado por el Superintendente para realizar labores de apoyo a los miembros de la Policía.

(j) "Piloto" significa todo aquel empleado reclutado por el Superintendente a funciones de piloto o copiloto y que esté especialmente entrenado y cualificado en el manejo de naves aéreas, conforme a los requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación del Departamento de Administración Federal de los Estados Unidos de América y por el Superintendente. Estos deberán tener vigentes las licencias correspondientes al tipo de nave para la cual estén asignados a pilotar, cumplir con las horas de vuelo requeridas y mantener una condición física y mental óptima para desempeñar estas funciones.

(k) "Policía", "Cuerpo", "Organización", "Fuerza", significa la Policía de Puerto Rico.

(l) "Policía Auxiliar" significa aquel ciudadano voluntario acreditado por la Policía como tal, sujeto a las normas que establezca el Superintendente. Sus servicios ayudarán en la lucha contra el crimen y en pro del bienestar de los ciudadanos. No recibirán remuneración alguna por sus servicios.

(m) "Reservista" significa todo empleado especial contratado por disposición del Artículo 31 de esta Ley.

(n) "Superintendente" significa Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

(o) "Superintendente Auxiliar" significa el empleado designado por el Superintendente para dirigir alguna de las superintendencias auxiliares y que ocupe dicha posición conforme al Artículo 8 de esta Ley.

(p) "Superintendente Asociado" significa Superintendente Asociado de la Policía de Puerto Rico.

(a) Velará y se asegurará que se cumpla con el debido procedimiento de ley en todo asunto de reglamentación y de adjudicación en la Policía.

(b) Determinará por Reglamento la organización y administración de la Policía, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, empleados civiles, policías auxiliares, reservistas y concejales y cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del Cuerpo. El Reglamento se someterá al Gobernador y una vez aprobado por éste, tendrá fuerza de ley y comenzará a regir en treinta (30) días después de su aprobación. El Superintendente queda autorizado para introducir enmiendas al Reglamento siguiendo las mismas normas y procedimientos anteriormente establecidos para la aprobación del mismo.

(c) Reglamentará los requisitos de reclutamiento, adiestramiento e ingreso a la Fuerza y ejercerá el poder nominador.

(d) Determinará la ubicación y las funciones de todo miembro de la Policía, conforme al Sistema Uniforme de Rangos y según lo requieran las necesidades del servicio.

(e) Sujeto a lo que se dispone en esta Ley, nombrará a los oficiales cuyo rango sea de Inspector, Comandante, Teniente Coronel y Coronel, previa confirmación por el Gobernador. En el Reglamento del Cuerpo se establecerán los requisitos de elegibilidad para tales rangos, de manera que se pueda determinar en forma objetiva y científica la capacidad de cada candidato. Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: conducta, liderato, iniciativa, actitud, preparación académica, años de servicios y la condición física de éstos. Cuando surja una vacante en alguno de los rangos antes mencionados, el Superintendente hará su recomendación al Gobernador dando rigurosa consideración a los factores anteriormente enumerados. Dicha recomendación incluirá por lo menos un informe conciso sobre cada candidato, incluyendo toda aquella información necesaria en cuanto a cada uno de los factores a considerarse. El ascenso será efectivo a partir de la fecha en que el Gobernador firme el mismo. La cantidad de puestos de Coronel está limitada a diez (10).

(f) Determinará en el Reglamento el rango o la posición de los jefes de área, división, zona, distrito y precinto.

(g) Nombrará todo el personal civil de la Policía conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico" y la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada. También nombrará a los policías auxiliares que para todos los efectos de esta Ley no se consideran miembros de la Fuerza ni empleados civiles. Estos actuarán como ciudadanos que, a requerimiento del Superintendente o delegado debidamente autorizado, voluntariamente presten sus servicios a la Policía en la lucha contra el crimen. Estarán cubiertos por la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo". Además, estarán incluidos en el concepto de "funcionarios estatales" mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y gozarán de la absoluta protección y beneficios que por ley se proveen.

(h) Determinará por Reglamento la organización y estructura de cada una de las superintendencias auxiliares y de los negociados.

(i) Dispondrá por Reglamento el orden de sucesión para los casos de ausencia, incapacidad, muerte o surgimiento de una vacante temporera del Superintendente Asociado.

(j) Dispondrá por Reglamento todo lo concerniente a la contratación de los miembros de la Junta de Evaluación Médica y los procedimientos de ésta, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 19 de esta Ley.

(k) Podrá portar armas de fuego para su protección personal y la de su familia, aún después de haber cesado en dicha posición y mientras demuestre estar mental y moralmente capacitado.

(l) Podrá crear y otorgar bonificaciones por servicios destacados y meritorios, lo cual establecerá por Reglamento.

(m) Podrá ejercer toda facultad o poder para el buen funcionamiento de la Policía que no esté en conflicto con las disposiciones de esta Ley.

(a) El Superintendente podrá ascender al rango superior inmediato hasta el grado de Capitán a los miembros de la Fuerza, en los siguientes casos y sujeto a lo que más adelante se determina:

(b) El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a los dependientes del policía que falleciere en el cumplimiento del deber un pago correspondiente a dos mensualidades del salario bruto que devengue este último para cubrir necesidades urgentes de la familia. Este pago se efectuará con cargo a los gastos de funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, y no más tarde de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha en que fallezca el miembro de la Fuerza. El trámite de este beneficio será independiente de cualquier otra compensación o beneficio a que tengan derecho el cónyuge o los dependientes de estos servidores públicos.

(c) La determinación del Superintendente sobre si la muerte de un miembro de la Policía ocurrió en el cumplimiento del deber, tendrá supremacía sobre cualquier otra decisión administrativa a esos efectos emitida por algún funcionario de agencia, corporación pública o cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo aquella tomada a base de lo dispuesto en el inciso (1) del Artículo 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada.

A nivel administrativo, la determinación del Superintendente será final y firme. No obstante, podrá estar sujeta a revisión judicial.

(d) Cuando designe a un miembro de la Fuerza para dirigir cualquier negociado o área policíaca, fijará el salario de ese policía. Cuando el salario fijado a ese policía designado resulte menor al de cualquier otro miembro de la Policía o empleado civil de carrera que quede bajo su supervisión, el Superintendente podrá autorizar un diferencial de hasta diez (10) por ciento al salario del designado por encima del salario de carrera más alto en esa superintendente auxiliar, negociado o área policíaca. El salario que resulte de esta disposición, nunca será igual o mayor al que recibe el Superintendente Auxiliar y solamente podrá ser disfrutado mientras se desempeñe en la posición de confianza para la cual fue designado por el Superintendente. Una vez finalizada su designación, regresará al rango permanente que le corresponda, el sueldo asignado al mismo y el paso automático de no haber estado en el máximo de la escala de rango que ocupaba antes de pasar al puesto de confianza.

(e) Tendrá la facultad de llevar a cabo las gestiones para convertir la Academia de la Policía en una institución de educación superior que confiera grados universitarios y podrá mediante reglamentación establecer un programa de estudio y trabajo sujeto a las necesidades de servicio, para facilitar la superación profesional de miembros de la Fuerza que interesen realizar estudios universitarios.

(a) El Superintendente, con el consentimiento del Gobernador, nombrará un Superintendente Asociado de la Policía, quien bajo su dirección le ayudará en sus funciones administrativas y operacionales. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Superintendente, el Superintendente Asociado le sustituirá y ejercerá todas las facultades, poderes y deberes de éste durante dicha ausencia o incapacidad. En caso de muerte, renuncia o separación del Superintendente, el Superintendente Asociado ejercerá todas las facultades, poderes y deberes de éste durante dicha ausencia o incapacidad. En caso de muerte, renuncia o separación del Superintendente, el Superintendente Asociado ejercerá interinamente todas las funciones de aquél como Superintendente, mientras dure dicha vacante.

(b) El Superintendente Asociado tendrá a su cargo, además, todos aquellos asuntos que le sean encomendados por el Superintendente que viabilicen el descargo y despacho de las funciones inherentes a su cargo, incluyendo aquellas funciones encomendadas expresamente por ley al Superintendente. Devengará un salario anual a ser fijado por el Superintendente.

(c) La posición de Superintendente Asociado será clasificada bajo el servicio de confianza y la persona nombrada a ésta ocupará el cargo a discreción del Superintendente.

(d) En caso de que sea nombrado para este puesto un miembro de la Fuerza, al cesar en sus funciones regresará al rango permanente que le corresponda, el sueldo asignado al mismo y el paso automático de no haber estado en el máximo de la escala de rango que ocupaba antes de pasar al puesto de confianza.

(e) El Superintendente Asociado podrá portar armas de fuego para su protección personal y la de su familia, aún después de haber cesado en su posición y mientras demuestre estar mental y moralmente capacitado.

(a) El ingreso de todo miembro de la Fuerza estará sujeto a un período probatorio de dos (2) años desde su juramentación, durante el cual la persona podrá ser separada del servicio en cualquier momento si a juicio del Superintendente demuestra ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo. Dicho período probatorio no incluirá ningún período de ausencia del servicio activo por cualquier concepto, que exceda de treinta (30) días. El Superintendente hará una evaluación cada seis (6) meses de la labor realizada por los miembros de la Fuerza que estén en período probatorio y enviará copia de esta evaluación a las partes interesadas.

Salvo lo anteriormente dispuesto, los miembros de la Fuerza en período probatorio tendrán iguales derechos y privilegios que los miembros regulares de la Fuerza.

(b) En caso de que algún aspirante a reingreso sea rechazado por cualquier motivo, el Superintendente deberá informarle por escrito las razones para tal rechazo simultáneamente con la notificación negándole el reingreso. En el caso de que el rechazo esté fundamentado en información ofrecida por alguna persona durante la investigación, bajo ninguna circunstancia el Superintendente revelará su identidad. En su notificación, el Superintendente solamente expresará las razones para el rechazo a la solicitud de reingreso. El aspirante a reingreso afectado por la situación antes descrita, tendrá hasta diez (10) días laborables para contestar las razones que fundamentaron el rechazo. El Superintendente, a partir del acuse de recibo de la contestación, tendrá igual término para revocar o reafirmar su rechazo. De no producirse contestación escrita por parte del Superintendente dentro del término establecido, se interpretará como una reafirmación del rechazo a la solicitud de reingreso. Durante el trámite de notificación, contestación y reafirmación o revocación, no se podrá ocupar el puesto o rango que corresponderá al aspirante. Cumplido el procedimiento, la determinación del Superintendente será final y firme.

(a) La jornada legal de trabajo de la Policía será no mayor de ocho (8) horas diarias, ni mayor de cuarenta (40) horas a la semana. Los miembros de la Policía que presten servicios de naturaleza administrativa, ejecutiva y de supervisión y los que estén sometidos a cursos de entrenamiento ofrecidos o auspiciados por la Policía, estarán excluidos de las disposiciones de este inciso, correspondiendo al Superintendente la fijación de sus respectivos horarios de trabajo, tanto diaria como semanalmente y la concesión de días libres. Los demás miembros de la Policía que trabajen en exceso de la jornada aquí establecida, tendrán derecho a que se le pague las horas trabajadas en exceso de tal jornada a razón de tiempo y medio.

(b) El Superintendente determinará mediante reglamento el procedimiento para la autorización, justificación y pago de horas extras. Toda solicitud de pago por horas extras que no cumpla con todos los requisitos dispuestos en el reglamento, será nula y no procederá su pago, disponiéndose, que el pago de las horas extras trabajadas a partir del 1 de julio de 1997 deberá hacerse dentro de un término máximo de noventa (90) días.

(c) Los miembros de la Policía vendrán obligados a trabajar en exceso de la jornada legal de trabajo aquí establecida, en los siguientes casos:

(d) El tiempo que los miembros invierten en los tribunales de justicia en calidad de testigos, citados mediante orden para comparecer oficialmente ante cualquier funcionario, organismo o comisión gubernamental o municipal, se considerará como de naturaleza oficial y será computado a los efectos de la jornada legal de trabajo.

(e) El tiempo que un miembro de la Policía que estuviere franco o disfrutando de licencia empleare en asuntos oficiales del servicio, le será considerado como tiempo trabajado a los fines de su jornada legal y para el cómputo del pago por cualesquiera horas trabajadas en exceso de ésta, siempre que presente el correspondiente informe acreditativo de su labor e intervención.

(f) Para los efectos de cualquier intervención necesaria a los fines del cumplimiento de esta Ley, los miembros de la Policía conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aun cuando estuvieren francos de servicio. A esos efectos, tendrán todos los deberes y atribuciones que por esta Ley se imponen a los miembros de la Policía. No obstante lo aquí dispuesto, los miembros de la Policía, sujeto a la previa aprobación del Superintendente, podrán dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada, siempre y cuando dichas funciones no sean contrarias a los objetivos y propósitos que por esta Ley se le confieren a la Policía de Puerto Rico.

(a) El Superintendente determinará en el Reglamento la vestimenta que habrá de constituir el uniforme oficial del Cuerpo, y las armas y demás equipo destinado al mismo; y las disposiciones del Reglamento sobre el uniforme serán publicadas en un periódico de circulación general en Puerto Rico con no menos de treinta (30) días de antelación a la fecha en que entre en vigor dicho Reglamento.

(b) Las piezas de vestir del uniforme y el equipo de los miembros de la Fuerza serán suministrados por la Policía. El Superintendente establecerá por reglamento el uniforme y el uso apropiado del mismo. Por uniforme se entenderá la tela para la chaqueta, camisa, pantalón, botas o zapatos, gorra, capa, insignias y colores correspondientes que vienen obligados a utilizar los miembros del Cuerpo de conformidad con el Reglamento.

(c) Las asignaciones para la compra de dichos artículos serán consignadas anualmente en el presupuesto de la Policía. Queda prohibido el uso, por cualquier persona que no sea miembro de la Policía de Puerto Rico, del uniforme o de cualquier combinación de las prendas exteriores mencionadas que pueda tender a identificar a quien las use con un miembro de la Policía de Puerto Rico.

(d) Asimismo, queda prohibido a cualquier persona, natural o jurídica, sin la previa autorización del Superintendente, la confección, distribución, venta y el uso de un uniforme o parte del mismo, en cuanto a su color y combinación de prendas exteriores, o de equipo, incluyendo el diseño, color e insignias de los vehículos de motor, igual o similar al prescrito para el uso de la Policía.

(e) Cualquier persona que incurriese en la violación de lo dispuesto en los dos párrafos precedentes, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa máxima de quinientos (500) dólares o reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal.

(f) Al fallecimiento en servicio activo de cualquier miembro de la Policía que haya servido honrosamente durante quince (15) años a ese Cuerpo, su número de placa será retirado y no le será asignado a ninguna otra persona. Se dispone, además, que al fallecimiento en el cumplimiento del deber de cualquier miembro de la Policía, su placa será entregada al cónyuge supérstite o en ausencia de éste, a sus padres o dependientes. Cualquier persona que utilice dicha placa como distintivo o identificación como miembro activo de la Policía, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será castigada con multa máxima de quinientos (500) dólares o reclusión por un término no mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.

(g) El Superintendente de la Policía podrá por medio de reglamentación, autorizar a los miembros de la Policía que se acojan al retiro por años de servicio y que estén autorizados a tener y poseer un arma de fuego, a adquirir un arma del Depósito de Armas de la Policía, a valor depreciado. Los fondos recaudados por concepto de la venta de tales armas a los policías que se acojan al retiro por años de servicio ingresarán en un fondo especial para sufragar la compra o adquisición de nuevas armas de fuego para la Policía de Puerto Rico, en sustitución de las vendidas a policías que se acojan al retiro en virtud de esta disposición."

(a) Los rangos de los miembros de la Policía serán los siguientes:

(b) La Policía de Puerto Rico estará constituida en un sistema de organización unificada en el cual el Superintendente determina el mejor uso de los recursos humanos según se dispone en el Artículo 5, inciso (d) de esta Ley.

(c) Se prohibe la creación de cualquier rango, clasificación o clasificación especializada para los miembros de la Policía que no sean los dispuestos en esta Ley.

(d) Ningún miembro de la Fuerza que no haya pertenecido a ésta por un término de quince (15) años o más, podrá ser considerado para ser ascendido a los rangos de Inspector, Comandante, Teniente Coronel y Coronel.

(e) Todos los requisitos académicos aquí establecidos serán aplicables según lo dispuesto en el inciso (c) del Artículo 38 de esta Ley.

(a) Escalas de retribución mensual:

(b) Para la fijación de la retribución de los miembros de la Policía regirán las siguientes disposiciones:

(a) El Superintendente establecerá mediante reglamento las normas para conceder pagos suplementarios. Estos pagos no estarán sujetos a la limitación establecida en el inciso (4) del Artículo 13 de esta Ley y sólo se pagarán cuando el empleado en efecto esté ejerciendo las funciones que dieron base a la concesión de este pago.

(a) Los ascensos en rangos solamente se realizarán mediante la aprobación de exámenes hasta el rango de Capitán, excepto en los casos dispuestos en el Artículo 6 de esta Ley. Los casos de ascensos por actos de heroísmo se otorgarán de acuerdo a la reglamentación que establezca el Superintendente y serán efectivos al surgir la vacante para el rango correspondiente.

(b) El Superintendente establecerá, mediante reglamentación los procedimientos de examen para el ascenso de rango.

(c) El Superintendente nombrará a los miembros de la Policía y cubrirá las vacantes a base de ascenso hasta el rango de Capitán, mediante un sistema de exámenes que sea confiable, moderno y científico. También dispondrá mediante convocatoria los requisitos para participar en exámenes de ascenso. Todo examen se ofrecerá dentro de un período no menor de sesenta (60) días ni mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de la convocatoria.

(d) Una vez el aspirante haya aprobado el examen y todos los requisitos necesarios para formar parte del registro de elegibles, no se le podrá negar el ascenso de haber el puesto disponible y existan los recursos fiscales para cubrir el efecto presupuestario del ascenso. Solamente podrán tomarse en cuenta para el rechazo del ascenso, aquellas querellas o investigaciones administrativas que se desprendan del expediente anterior al candidato haber aprobado el examen. Si surgiere cualquier querella o investigación con posterioridad a la aprobación del examen, pero antes de formalizarse el ascenso, no se nombrará a nadie al rango que corrresponda hasta tanto se dilucide la investigación administrativa. En caso de que el resultado de la investigación exonere al miembro de la Policía imputado, éste tendrá derecho a ocupar el rango para el cual aprobó el examen, sujeto a las disposiciones de este inciso.

(e) En caso de que algún aspirante a ascenso sea rechazado por cualquier motivo, el Superintendente deberá informarle por escrito las razones para tal rechazo simultáneamente con la notificación negándole el ascenso. En el caso de que el rechazo esté fundamentado en información ofrecida por alguna persona durante la investigación, bajo ninguna circunstancia el Superintendente revelará su identidad. En su notificación, el Superintendente solamente expresará las razones para el rechazo a la solicitud de ascenso. El aspirante a ascenso afectado por la situación antes descrita, tendrá hasta diez (10) días laborables para contestar las razones que fundamentaron el rechazo. El Superintendente, a partir del acuse de recibo de la contestación, tendrá igual término para revocar o reafirmar su rechazo. De no producirse contestación escrita por parte del Superintendente dentro del término establecido, se interpretará como una reafirmación del rechazo a la solicitud de ascenso. Durante el trámite de notificación, contestación y reafirmación o revocación, no se podrá ocupar el puesto o rango que correspondería al aspirante. Cumplido el procedimiento, la determinación del Superintendente será final y firme. Disponiéndose, que se resolverá perentoriamente en diez (10) días toda querella radicada luego de haber sido solicitado un ascenso.

(f) Una vez certificado el registro de elegibles correspondiente, ninguna entrevista podrá descalificar para el ascenso en rango al miembro de la Policía que haya aprobado el examen y cuando exista el puesto para ocupar dicho rango.

(g) Cuando la cantidad de candidatos que haya aprobado el examen y cualificado para ascenso dentro de un mismo rango, sea mayor a la cantidad de puestos disponibles, el orden de los ascensos será establecido según el registro de elegibles que se establecerá conforme la reglamentación en vigor. En caso de empate, se otorgará el ascenso al miembro de la Policía de mayor antigüedad en la Fuerza.

(A) Los miembros de la Policía tendrán derecho a licencia de vacaciones anualmente a razón de dos días y medio (2 1/2) por cada mes de servicio, y a licencia por enfermedad a razón de día y medio (1 1/2) por cada mes de servicio, excluyendo en ambos casos los sábados, domingos y días feriados autorizados por ley. La licencia de vacaciones se concederá por un período consecutivo de no menos de quince (15) días al año. Se podrá acumular vacaciones hasta un máximo de sesenta (60) días laborables al finalizar cualquier año natural. La licencia por enfermedad se podrá acumular hasta un máximo de noventa (90) días loborables.

Los miembros de la Policía tendrán derecho, además, a disfrutar de diecinueve (19) días feriados que hay en el año.

(B) El tiempo durante el cual un miembro de la Policía tenga que permanecer hospitalizado o recluido bajo tratamiento médico como consecuencia de algún accidente o heridas sufridas en el desempeño de sus funciones no será deducible de las licencias de vacaciones o enfermedad autorizadas en el inciso (A) de este Artículo. Continuará recibiendo su sueldo mensual y cualquiera otro derecho ya adquirido. Durante este tiempo acumulará licencia por vacaciones y licencia por enfermedad, pero no recibirá pagos suplementarios.

Nada de lo aquí dispuesto impedirá que los miembros de la Policía bajo tratamiento como consecuencia de accidentes del trabajo sean:

(a) En el caso de lesiones leves o graves que sean temporeras, al emitir la certificación ambos médicos también deberán incluir en la misma el período de descanso recomendado. Si al vencimiento de dicho período, el paciente insiste en que la lesión física o mental persiste, ambos médicos deberán emitir una nueva certificación sobre la veracidad de las alegaciones presentadas por el paciente, no más tarde de diez (10) días a partir del vencimiento del período originalmente autorizado para el descanso. Se requerirá que las certificaciones de ambos médicos coincidan en sus recomendaciones cuando se ordene la reinstalación del paciente al servicio. De igual manera, cuando de las evaluaciones periódicas al paciente se determine que procede su reinstalación al servicio, antes de vencer el período de descanso originalmente autorizado, también se requerirá que coincidan las recomendaciones de ambos médicos.

Cuando las determinaciones de los médicos no coincidan, prevalecerá la de la Junta de Evaluación Médica de la Policía.

(b) En el caso en que la lesión grave o leve sea permanente o por un período prolongado, pero que no incapacite al miembro de la Fuerza, se le proveerá acomodo razonable reconociéndosele los derechos conforme a la Ley Pública 93-112 del 22 de febrero de 1984, conocida como Americans with Disabilities Act of 1990, según enmendada.

(c) En el caso de lesiones físicas o mentales graves y permanentes que impidan el pleno desempeño del paciente como miembro de la Policía, se procederá con la determinación a esos efectos por los médicos de la Policía, el Fondo del Seguro del Estado y el Sistema de Retiro. Si existen diferencias de opiniones prevalecerá la determinación de la Junta de Evaluación Médica. Si dicha Junta de Evaluación determinara que el empleado no está apto para realizar las labores inherentes a su puesto, se procederá con su separación del servicio. Dicha determinación deberá producirse mediante certificación a más tardar sesenta (60) días a partir del momento en que el paciente tramite su solicitud a consecuencia de los padecimientos que conlleve la lesión sufrida.

(2) Ser sancionados administrativamente, por faltas cometidas. Aun los que sean suspendidos de empleo y sueldo, continuarán recibiendo tratamiento médico y las dietas correspondientes que les asigne el Fondo del Seguro del Estado. Los miembros de la Policía bajo tratamiento del Fondo del Seguro del Estado no podrán realizar labor alguna mediante paga. Solamente podrán desempeñarse en aquellos menesteres que el Fondo del Seguro del Estado les autorizare como parte de la terapia y/o tratamiento. Todo miembro de la Fuerza que viole esta disposición, además de poder ser sancionado administrativamente como una falta grave, vendrá obligado a restituir a la Policía de Puerto Rico y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado aquellos salarios y beneficios que hubiere recibido mientras se encontraba en el disfrute de esta licencia.

(C) Se concederá licencia militar a los miembros de la Fuerza que pertenezcan a la Guardia Nacional o a los Cuerpos de Reserva de las Fuerzas Armadas durante el período que estuvieren prestando servicio temporeros ordenados o autorizados por virtud de las disposiciones de las leyes de los Estados Unidos o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta licencia no será deducible de la licencia regular autorizada en el inciso (a) de esta sección. Se excluye de esta disposición todo período de tiempo en que un miembro de la Fuerza asista a cursos de estudios auspiciados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico.

(D) Sujeto a lo que más adelante se dispone, el Superintendente podrá concederle licencia sin sueldo a los miembros de la Policía. Las licencias aquí autorizadas se otorgarán para que el miembro de la Fuerza prosiga estudios y adquiera experiencia provechosa. En este caso dicha licencia no se prolongará por más de dos años. El Superintendente verificará periódicamente a los miembros de la Fuerza en uso de licencia para estudiar, para determinar si así lo hacen. Además, el Superintendente deberá requerir de la Institución donde estudie el miembro de la Policía que le informe periódicamente de su comportamiento escolar. Si se determina que ha abandonado dichos estudios o que no se justifica la prolongación de la licencia, el Superintendente podrá ordenar la cancelación de ésta y el regreso al servicio activo del miembro de la Fuerza concernido. En la concesión de licencia sin sueldo el Superintendente establecerá por Reglamento las disposiciones relativas a la concesión de licencias sin sueldo. A tales fines se guiará por las necesidades del servicio, por la justificación y los méritos del miembro solicitante para tal licencia y en ningún caso se ofrecerá una licencia sin sueldo para probar fortuna en otro cargo o puesto. Se autoriza al Superintendente a extender nombramientos provisionales a miembros de la Fuerza en sustitución de aquéllos a quienes se conceda licencia en exceso de noventa (90) días. Estos nombramientos provisionales se extenderán solamente por el período de licencia autorizado al incumbente, a menos que sea terminado antes de recibir nombramiento permanente sustituto, de ocurrir una vacante.

(E) Cuando un oficial entre los rangos de Inspector a Coronel agote algún tipo licencia para acogerse al retiro, el Superintendente podrá nombrar un sustituto que desempeñará las funciones y el rango de manera interina. Si al momento de surgir la vacante por retiro el Superintendente entiende que el candidato desempeñó satisfactoriamente sus funciones, podrá recomendar al Gobernador el ascenso con carácter permanente para ese rango, siempre que dicho candidato cumpla con los demás requisitos para dicho rango.

(F) También podrá el Superintendente conceder licencia para estudio con paga, durante un año, siempre que los estudios a realizarse estén dentro del área de conocimientos policiales, legales, administrativos o ejecutivos que se exigen a miembros de la Policía. En casos justificados el término de la licencia podrá ampliarse durante un año adicional.

El Superintendente podrá sustituir interinamente las plazas de aquellos miembros de la Fuerza a quienes conceda licencia para estudio en igual forma que lo previsto en este Artículo para la concesión de licencias sin sueldo.

(G) Los miembros de la Fuerza que disfruten de licencia con o sin sueldo para realizar estudios no tendrán derecho a acumular licencia de vacaciones, tiempo compensatorio o licencia por enfermedad mientras dure tal licencia.

(H) Los miembros de la Fuerza que disfruten de licencia para estudio, al terminar la misma deberán servir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante un período igual al que se prolongó dicha licencia si no recibió paga durante la misma. En el caso de aquellos que recibieren paga, deberán servir por un período igual al doble de dicha licencia. Podrán ser relevados de esta obligación si reembolsan al Secretario de Hacienda de Puerto Rico aquella suma de dinero que determine la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En ambos casos recibirán la compensación correspondiente a su cargo.

(I) Aquellos miembros de la Policía que resulten electos como Presidente y hasta un máximo de un Vicepresidente de organizaciones bona fide, así autorizadas por el Departamento del Trabajo, que representan a los policías y empleados civiles de la Policía de Puerto Rico, podrán solicitar al Superintendente una licencia sin sueldo por el término en que dicho miembro de la Policía fuese electo o reelecto como Presidente o Vicepresidente de dichas organizaciones.

(a) Los miembros de la Policía no podrán hacer propaganda ni ninguna otra gestión a favor o en contra de cualquier partido político ni candidato a cargo público o político, mientras estén en servicio o en uniforme. Tampoco podrán ocupar puestos de liderato en partidos y organizaciones políticas.

(b) Se prohíbe toda gestión de parte de miembros de la Policía para que mediante el uso o empleo de influencias extrañas a las normas establecidas mediante reglamento o ley, se les concedan traslados, ascensos o cualquier otro beneficio personal dentro de la Policía de Puerto Rico.

(a) Trámite de faltas leves:

(a) Ninguna persona realizará acto alguno que impida el nombramiento imparcial del personal de la Policía, ni la aplicación de esta Ley ni las reglas adoptadas con relación a los nombramientos. Tampoco hará ni aceptará declaración, certificación o informe falso con relación a cualquier examen, certificación o nombramiento hecho bajo las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos adoptados en relación con la misma. Ninguna persona se hará pasar por otra o permitirá o ayudará de modo alguno a que otra persona se haga pasar fraudulentamente por ella en relación con cualquier examen o prueba oral o escrita que se requiera para ingreso o ascenso en la Policía de Puerto Rico.

(b) Cualquier persona que violare el inciso (a) de este Artículo será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término que no excederá de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. Además, dicha persona será considerada inelegible para nombramiento y prestación de servicios de cualquier otra naturaleza en los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado por un término de cinco (5) años a partir de la fecha en que la sentencia sea firme.

Si fuere un empleado o funcionario, o prestare servicios de cualquier naturaleza en cualquiera de las dependencias antes mencionadas, quedará cesante tan pronto sea firme la sentencia.

(c) Constituirá delito menos grave la intervención indebida de cualquier persona ajena a la Policía que carezca de autoridad o facultad supervisora o nominadora en la Policía que utilizando ventaja político partidista o influencias indebidas pretenda por motivos ajenos a los mejores intereses de la Policía obtener ingreso, reingreso, ascenso, traslado, despido, descenso o cualquier acción para el beneficio o perjuicio de algún miembro de la Policía, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas, a discreción del tribunal. No se entenderá como intervención indebida el hacer recomendaciones o sugerencias en relación con asuntos de carácter humanitario, social, de justicia o de administración.

(a) Recibirán una vez y media (1 1/2) el sueldo máximo asignado a su rango, mientras se desempeñen como agentes encubiertos. Cuando se trate de un cadete realizando trabajo de agente encubierto, el sueldo a serle asignado será a base del rango de agente.

(b) El Superintendente deberá tomar todas las medidas administrativas necesarias para garantizar la seguridad y la secretividad de la identidad de los encubiertos. Su salario deberá ser desembolsado por la Policía en efectivo. El Superintendente también desembolsará en efectivo mensualmente al encubierto la cantidad de dinero necesaria para cubrir la aportación patronal de los gastos de un seguro de salud privado individual o familiar, según lo solicite el encubierto. Las aportaciones de su salario correspondientes a contribuciones sobre ingresos o a cualesquiera beneficios u obligaciones como, por ejemplo, Fondo del Seguro del Estado, planes de retiro, préstamos o cuotas, serán retenidas y depositadas en una cuenta especial bajo la custodia del Superintendente. Una vez el encubierto sea relevado de tales funciones, el Superintendente procederá a remitir la cantidad de dinero correspondiente a cada agencia, institución u organización acreedora. Se dispone que, no empece a los pagos atrasados que puedan suscitarse por las medidas de seguridad antes mencionadas en este apartado, los encubiertos estarán protegidos totalmente por todos los beneficios para los cuales se le retuvo su aportación y que fuesen depositados en la cuenta especial bajo la custodia del Superintendente.

(c) Al finalizar sus funciones como agente encubierto, el miembro de la Policía regresará al rango y escala salarial que le correspondía antes de su designación como encubierto.

(d) Solamente se podrá utilizar a los agentes encubiertos para investigaciones de estricto orden criminal. Queda totalmente prohibida la participación o intervención de agentes encubiertos, al igual que de los demás miembros de la Policía, en investigaciones o actividades que no sean de estricto orden criminal.

(a) La Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al Gobernador de Puerto Rico y a su familia.

(b) Además, tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al Superintendente y a su familia, durante el término de su incumbencia. Dicho servicio continuará, una vez éste cese en funciones por cuatro (4) años adicionales y podrá ser extendido previa solicitud y aprobación del Superintendente que lo sustituya.

La naturaleza del servicio de protección al ex-Superintendente será similar a la ofrecida durante su incumbencia como Superintendente.

(c) Aquellos funcionarios o ex-funcionarios a quienes la Policía les provea servicio de escolta, seguridad y protección sólo tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción o territorio de Puerto Rico, con excepción del Gobernador de Puerto Rico. En aquellos casos excepcionales o meritorios en los cuales se solicite servicio de escolta, seguridad y protección fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, el mismo será otorgado con la previa aprobación del Superintendente y el Gobernador. En caso de que la solicitud de escolta surja de algún funcionario, los gastos correspondientes a dietas, horas extras, transportación y alojamiento serán pagados por la agencia o dependencia que representa el funcionario que solicita el servicio.

(a) Por la presente se provee para la organización de una banda que se denominará "Banda de la Policía de Puerto Rico", cuya organización y composición se determinará en el Reglamento de la Policía, así como las reglas para su gobierno y administración. Por lo menos cincuenta por ciento (50%) del tiempo hábil de trabajo de los integrantes de la banda, se dedicarán a labores regulares propias de la Policía.

(b) Los gastos de funcionamiento se consignarán anualmente en el presupuesto funcional de la Policía.

(a) Todas las creencias religiosas podrán estar representadas en el Cuerpo de Capellanes.

(b) Los Capellanes usarán la vestimenta de su respectiva religión o el uniforme y/o vestidura que disponga el Superintendente.

(c) Se mantendrá una estricta separación entre la Iglesia y el Estado.

(d) Los deberes de los Capellanes y sus relaciones con la Policía serán establecidos por el Superintendente; mediante Orden General.

(A) Se dispone que el actual nombrado y confirmado Superintendente de la Policía, queda eximido de cumplir con el requisito consignado en el segundo párrafo del Artículo 4 de esta Ley, referente a su nombramiento con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

(B) Hasta tanto empiece a regir el Reglamento que se dispone en el Artículo 5, Inciso (b), la Policía se regirá por el Reglamento en vigor bajo las disposiciones de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, excepto en cuanto a aquellas disposiciones que fueren incompatibles con esta Ley. No obstante, el Superintendente vendrá obligado a redactar un nuevo Reglamento de la Policía dentro del término de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley.

(C) Se dispone que a partir del 1ro. de enero de 1977 será requisito indispensable para ser elegible al rango de Teniente Coronel y Coronel haber cursado y aprobado, no menos de sesenta y cuatro (64) créditos universitarios en un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Comenzando el 1ro. de enero de 1979, será requisito de elegibilidad para los rangos de Coronel y Teniente Coronel el poseer el grado Bachiller, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Los requisitos de preparación universitaria que aquí se establecen no serán aplicables a los miembros de la Fuerza que hubieren ingresado antes del 1ro. de enero de 1965.

No obstante lo anterior, se dispone que a partir del 1ro. de enero del 2000 será requisito de elegibilidad para los rangos de Coronel y Teniente Coronel el poseer una Maestría o su equivalente otorgardo por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico; para los rangos de Comandante, Inspector y Capitán el poseer el grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico; para los rangos de Teniente Primero, Teniente Segundo, Sargento y Agente de la Policía el poseer un Grado Asociado, otorgado por la Academia de la Policía o por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

(D) Las agencias y compañías privadas de seguridad, contarán con un período de gracia de un año, a partir de la vigencia de esta Ley, durante el cual no le aplicarán las disposiciones del inciso (d) del Artículo 11 de esta Ley, durante el cual descontinuarán la práctica de permitir a sus empleados utilizar uniformes o parte del mismo, en cuanto a su color y combinación de prendas exteriores, o de equipo, incluyendo el diseño, color e insignias de los vehículos de motor, igual o similar al prescrito para el uso de la Policía.

(E) A partir de la vigencia de esta Ley, todo miembro de la Policía mantendrá inalterado el rango y la escala de retribución que posean en ese momento, con excepción de las siguientes equivalencias en los rangos:

(a) Se enmienda el Apartado (7) del inciso (e) del Artículo 5 de la Ley Núm. 447 de 19 de junio de 1954, según enmendada, para que lea como sigue:

(a) . . .

(b) . . .

(c) . . .

(d) . . .

(e) Otros servicios acreditables. Además de lo dispuesto anteriormente, a toda persona que sea miembro del Sistema al momento de solicitar acreditación, le serán acreditados los siguientes servicios:

(b) Se enmienda el Artículo 5A de la Ley Núm. 447 de 19 de junio de 1954, según enmendada, para que lea como sigue:

(a) Todo pago por servicios acreditables no cotizados se hará estando el participante en servicio activo e incluirá los intereses correspondientes al tipo que determine la Junta, desde la fecha de pago total de los mismos si se pagaren en efectivo o hasta la fecha en que el Administrador conceda un plan de pago.