[Núm. 9]

[Aprobada en 24 de julio de 1952]

LEY

Para crear y organizar la Oficina del Contralor de Puerto Rico y derogar la Ley Núm. 10 de 8 de abril de 1946, la Ley Núm. 347 de 12 de mayo de 1947, y el Artículo 81 de la Ley Núm. 53 de 28 de abril de 1928, conocida como Ley Municipal; para establecer penalidades y asignar los fondos necesarios.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

Artículo 1.- Se crea la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual será dirigida por el Contralor, quien será responsable principalmente a la Asamblea Legislativa.

Artículo 2.- Nadie podrá ser Contralor a menos que haya cumplido treinta años de edad y sea ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico.

Artículo 3. -El Contralor tendrá las funciones que se le asignan en el Artículo III, Sección 22, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las ejercerá tanto con respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las propiedades del Gobierno como a los que se tuvieren en fideicomiso. En el ejercicio de estas funciones el Contralor podrá emplear normas generalmente aceptadas o métodos que estén de acuerdo con las prácticas corrientes en el examen de cuentas.

Artículo 4.- El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá requerir de los departamentos, agencias, instrumentalidades y todo otro organismo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluso los municipios, que le faciliten temporalmente personal profesional y técnico, de entre sus funcionarios y empleados, para ayudar a su Oficina, en cumplimiento de su función de fiscalización según se dispone por ley, en investigaciones o estudios que requieran conocimientos técnicos o profesionales. Todo organismo gubernamental así requerido deberá prestar tal colaboración.

Podrá asimismo el Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el descargo de su función de fiscalización, encomendar a cualquier departamento, agencia, instrumentalidad u otro organismo o subdivisión política del Gobierno, la realización de cualquier estudio, investigación o trabajo que fuere necesario para el desempeño de sus funciones. El organismo deberá dar la prioridad posible a la realización de la encomienda. El organismo a quien se le haga la encomienda podrá solicitar del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico si, a su juicio, fuere necesario, una transferencia de fondos para cubrir los gastos de tal labor por la cantidad que dicho Contralor considere razonable.

Si el organismo requerido no pudiera prescindir de los funcionarios o empleados solicitados por el Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o no pudiere prestar los servicios que se le hayan requerido al tiempo para el cual dicho Contralor lo haya requerido, el organismo deberá someterle fecha o fechas alternas en que los funcionarios o empleados estarán disponibles o los servicios podrán prestarse. Estas fechas deberán ser lo más cercanas posibles al tiempo para el cual el Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico interese el personal o los servicios.

Cualquier departamento, agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluso los municipios, podrá solicitar del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que éste utilice los servicios de cualquiera de sus funcionarios o empleados para facilitar o acelerar cualquier intervención del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en dicho organismo. En tal caso, el funcionario o empleado realizará la función que corresponda, bajo la jurisdicción y dirección de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y sujeto a las condiciones que se hayan convenido por ambas partes.

El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá contratar los servicios de toda clase de peritos privados para ayudar en aquellas investigaciones o estudios que, por su naturaleza, requieran los servicios de personal técnico altamente especializado.

Artículo 5.- El sueldo anual del Contralor de Puerto Rico será el que se indica a continuación:

A primero de octubre de 1986	$50,500
A primero de julio de 1987	56,000
A primero de julio de 1990	61,500
A primero de julio de 1993	67,000
A primero de octubre de 1997	96,000
A primero de enero de 1998	99.000
A primero de enero de 1999	102,000
A primero de enero de 2000	105,000
A primero de enero de 2001	108,000
A primero de enero de 2002	111,000
A primero de enero de 2003	114,000
A primero de enero de 2004	117,000
A primero de enero de 2005	120,000
A primero de enero de 2006	123,000
A primero de enero de 2007	126,000

Artículo 6.- En caso de incapacidad total y permanente del Contralor, la Asamblea Legislativa, mediante resolución concurrente aprobada por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara, declarará vacante el cargo. El Gobernador nombrará un nuevo Contralor de acuerdo con el procedimiento fijado en el art. III, sec. 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico disponiéndose además, que la persona designada para ocupar el cargo del Contralor no podrá haber sido nombrado anteriormente para esta posición.

Artículo 7.- En caso de enfermedad o ausencia, el Contralor designará a uno de los funcionarios de su oficina para que desempeñe el cargo de Contralor interinamente y mientras dure su enfermedad o ausencia.

En caso de que el Contralor quede incapacitado temporalmente sin que hubiere designado a un sucesor interino, el Gobernador escogerá un funcionario de la Oficina del Contralor para que desempeñe el cargo de Contralor mientras dure la incapacidad temporal de éste. Se seguirá el mismo procedimiento para nombrar un Contralor que desempeñe el cargo interinamente durante el tiempo necesario para nombrar un Contralor en propiedad bajo los términos del Artículo 6 de esta ley.

El funcionario designado de acuerdo con lo dispuesto en esta sección tendrá todas las facultades y deberes del Contralor.

Artículo 8.- La Oficina del Contralor estará sujeta a todas las leyes y reglamentos que se aplican generalmente al Gobierno, excepto que el Gobernador incluirá los cálculos para los gastos corrientes de la Oficina en el Presupuesto Modelo y la Junta de Planificación en el Programa Económico, sin revisarlos.

Artículo 9.- En caso de rebeldía o negativa a obedecer una citación expedida por el Contralor, o por el funcionario designado por éste, cualquiera sala del Tribunal superior de Puerto Rico dentro de cuya jurisdicción se encuentre, resida, tenga negocios o desempeñe sus funciones la persona culpable de rebeldía o negativa, deberá a solicitud del Contralor, expedir contra dicha persona una orden requiriéndole a comparecer ante el Contralor, o ante el funcionario designado por éste, para presentar evidencia, si así se ordenare, o para declarar sobre el asunto bajo investigación. Dicha persona incurrirá en desacato si desobedeciere la orden del tribunal.

Artículo 10.-Ninguna persona será excusada de comparecer y testificar, o de presentar libros, archivos, correspondencia, documentos, u otra evidencia en cumplimiento de una citación expedida por el Contralor, o por el funcionario designado por éste, basándose en que el testimonio o evidencia que de ella se requiera pueda dar lugar a su procesamiento o a exponerla a un castigo o confiscación, pero ninguna persona será procesada ni estará sujeta a ningún castigo o confiscación por razón de ninguna transacción, asunto o cosa en relación con las cuales se vea obligada, después de haber reclamado su privilegio de no declarar contra sí misma, a declarar o presentar evidencia, excepto que dicha persona que así declarare no estará exenta de procesamiento o castigo por perjurio al así declarar. No podrá obligarse al Gobernador de Puerto Rico a comparecer personalmente y prestar testimonio ante el Contralor.

Artículo 11.- Los departamentos, agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios suministrarán al Contralor todos los documentos, expedientes e informes que éste solicite y darán acceso a los funcionarios y empleados de la Oficina del Contralor a todos sus archivos y documentos.

Artículo 12.- El Contralor rendirá informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre las cuentas, los desembolsos y los ingresos de las agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas en relación con los cuales se descubran irregularidades o violaciones de ley.

Artículo 13.- El Contralor podrá dar publicidad a cualesquiera informes de su Oficina una vez ponga éstos en conocimiento del Gobernador y de la Asamblea Legislativa

Artículo 14.- El Contralor tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y reglamentos no incompatibles con las leyes vigentes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones y tendrá su propio servicio legal. Dichas reglas y reglamentos tendrán fuerza de ley una vez sean promulgados.

Artículo 15.- Se autoriza al Contralor a adoptar un sello oficial. Existirá una presunción de regularidad con respecto a todas las órdenes, comunicaciones, citaciones y certificaciones expedidas por el Contralor, las cuales, cuando estén marcadas con el sello oficial, serán reconocidas como documentos oficiales de la Oficina del Contralor.

Artículo 16.- El Contralor podrá delegar cualesquiera de sus funciones en cualquier funcionario de su Oficina que él designe, excepto que no podrá delegar la función de adoptar y promulgar reglas y reglamentos.

Ningún funcionario o empleado regular, transitorio o por contrato de la Oficina podrá, durante los doce (12) meses consecutivos siguientes a la fecha en que se deje de prestar servicios en la misma, por sí o a través de cualquier persona jurídica, sociedad, asociación o entidad de la que sea empleado, socio o accionista prestar servicios a ninguna agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la que dicha Oficina haya realizado cualquier labor de auditoría.

La prohibición antes establecida será de aplicación cuando la persona:

a. Haya participado directamente en la labor de auditoría de la agencia o haya supervisado dicha labor de auditoría;

b. La auditoría se haya realizado durante el año anterior a la fecha en que la persona haya cesado en su puesto o a la fecha de terminación de cualquier contrato de servicios con dicha Oficina.

A los fines de esta disposición "agencia"significará cualquier departamento, oficina, junta, consejo, administración, autoridad, corporación pública o subsidiaria de ésta, instrumentalidad, municipio u organismo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término de un (1) año o con pena de multa de dos mil (2,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, el tribunal podrá aumentar la pena anteriormente establecida hasta un máximo de dos (2) años de reclusión o hasta tres mil (3,000) dólares de multa. De mediar circunstancias atenuantes la podrá reducir hasta un mínimo de seis (6) meses y un día de reclusión o hasta mil (1,000) dólares de multa. Asimismo, el tribunal le impondrá la obligación de pagar al Estado Libre Asociado d Puerto Rico una suma equivalente a tres (3) veces el valor de cualquier beneficio económico que hubiere recibido u obtenido como consecuencia de la violación a las disposiciones de este Artículo.

Además, toda persona convicta por la violación de este Artículo estará impedida de ocupar o desempeñar cualquier cargo o empleo público, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 16 de esta Ley.

Artículo 17.- El término "municipios", según se usa en esta Ley, incluye al Gobierno de la Capital.

Artículo 18.-Los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas y todo otro organismo y los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin excepción alguna, mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda. Este período será extendido a treinta (30) días cuando el contrato se otorgue fuera de Puerto Rico. Cuando se otorguen escrituras sobre la adquisición o disposición de bienes raíces se le enviará también al Contralor, copia de todo escrito y documento relacionado con la negociación. Se extenderá el período de quince (15) o treinta (30) días, según aplique, por quince (15) días adicionales siempre que se demuestre causa justificada y así lo determine la Oficina del Contralor. Se entenderá que un contrato o una enmienda a un contrato es otorgado fuera de Puerto Rico cuando se otorgue por todos los comparecientes fuera de Puerto Rico o el último de estos en firmar el documento lo haga fuera de Puerto Rico.

Artículo 19.-Se faculta al Contralor de Puerto Rico a preparar y adoptar un reglamento a los fines del adecuado cumplimiento e implementación de las disposiciones del Artículo 19 de esta Ley.

Artículo 20.-

(a)Se autoriza a la Oficina del Contralor de Puerto Rico a cobrar el costo de los servicios que por acuerdo mutuo preste al gobierno federal o a cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, comisión o división administrativa de dicho gobierno, por auditar fondos federales asignados al Gobierno de Puerto Rico, o a cualquiera de sus departamentos, agencias, corporaciones públicas o municipios.

Se autoriza, además a la Oficina del Contralor de Puerto Rico a cobrar el costo de los servicios que por acuerdo mutuo preste al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o a cualquiera de sus departamentos, agencias, corporaciones públicas o municipios en relación con la auditoría de fondos federales.